Entrevista al profesor Renart por Información.

Por una vez me abstendré de comentar o añadir demasiado de mi parte pues me parece innecesario, el texto habla por sí solo. Únicamente pongo en antecedentes: Entrevista al profesor de la UA, Felipe Renart, Premio Nacional Victoria Kent del Ministerio del Interior por un trabajo de investigación de permisos de salida en el ámbito del Derecho Penal Comparado. Entrevista María Pomares, del periódico Información. Os dejo con ello:

Profesor de Derecho Penal de la UA y Premio Nacional Victoria Kent del Ministerio de Interior. En su búsqueda del ideal de justicia, se cruzó el Derecho y, concretamente, el Penal y el Penitenciario que son, a su juicio, “unas de las parcelas más humanas” de las disciplinas jurídicas. Por eso, no es extraño que la investigación sea, más que un medio, un modo de vida para Felipe Renart. ¿El resultado? El Premio Victoria Kent que le ha concedido el Ministerio de Interior por un trabajo sobre los permisos de salida en Derecho comparado.

INFORMACION (MARÍA POMARES).-

* Su trabajo sobre los permisos de salida le permitió analizar hasta 25 legislaciones diferentes. ¿Cómo se encuentra España?

Tenemos una legislación penitenciaria progresista y de un nivel técnico muy alto, aunque hay cosas mejorables. Por otro lado, en la práctica, los permisos de salida concedidos en nuestro país superaron los 90.000 el año pasado, mientras que la tasa de fracaso se situó en el uno y pico por ciento. El problema es que, cuando sujeto sale en un permiso y comete un delito o se fuga, la alarma social es extraordinaria y eso genera la sensación de que se conceden permisos de salida con extraordinaria ligereza.

* ¿Y a qué responde esa alarma social que se crea en esos casos?

Por un lado, la sociedad desconoce, y es normal, nuestra normativa y la realidad penitenciaria, y cree que las penas no se cumplen o que, si se cumplen, es en unas condiciones de mucha laxitud. A ello se une la instrumentalización que hacen de los datos los políticos, que actúan con fines electoralistas, y los medios de comunicación, que, de esa forma, consiguen captar la atención de la sociedad.

* Y, más allá de permisos de salida y tasas de fracaso, ¿tenemos un Código Penal indulgente como denuncian ciertos sectores?

En absoluto, es otra idea falsa. Hablar de setenta y pico mil internos en las prisiones es una cifra esperpéntica, pero responde a un Código Penal que se está hipertrofiando. Estamos ante un fenómeno de hipercriminalización y la consecuencia lógica es que, a más conductas criminalizadas, más posibilidad de incurrir en ellas. Sin embargo, eso es absolutamente negativo porque el recurso al Derecho Penal tiene que darse sólo cuando todos los otros mecanismos han fallado. Siempre es mejor una buena prevención que una mala represión.

* ¿Y qué se puede hacer con aquellos sujetos con los que no funciona la prevención?

Siempre hay casos en los que no se puede hacer nada, no olvidemos que están los incorregibles, pero ese porcentaje que es ínfimo de sujetos absolutamente incorregibles es el precio que tenemos que pagar en toda sociedad avanzada y democrática.

* ¿Qué se le pasa a un penalista por la cabeza cuando cada determinado tiempo se retoma el debate sobre la cadena perpetua e incluso la pena de muerte?

En mi caso, lo que siento es una profunda preocupación y un sentimiento de repulsión hacia la manipulación constante de la sociedad con fines electoralistas. Lo que demuestra sobre todo es que los políticos están dispuestos a engañar con tal de conseguir el poder. Por eso, lo venden como promesa electoral, pero lo más que puede ocurrir es el que el Tribunal Constitucional lo pare por inconstitucional.

* Y, llegado el caso, ¿se podría sacar adelante una reforma de la Constitución?

Si seguimos siendo mínimamente racionales, no. La aprobación de la cadena perpetua o de la pena de muerte supondría un clamor entre los penalistas y entre todos los juristas.

* Tras su incursión en los permisos de salida, en la actualidad trabaja en la libertad vigilada, que es una de las medidas de seguridad que se quiere introducir en el Código Penal español. ¿Qué repercusiones podría tener en caso de que la medida se apruebe?

La libertad vigilada, en el fondo, supone la imposición de una medida de seguridad a un sujeto que ya ha cumplido su pena de prisión a través de la obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos, la de comunicar cada cambio de lugar de residencia, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima. Perfecto. Sin embargo, ¿esto garantiza que el sujeto no vuelva a delinquir? Para nada, a lo único que puede ayudar es a facilitar la investigación y la identificación del autor de un delito.

* ¿Esta medida significa que la reeducación y la reinserción son un fracaso?

No, y, de hecho, el propio legislador, en la exposición de motivos del proyecto de ley, reconoce que el sujeto puede tener un pronóstico favorable de reinserción social emitido por la junta de tratamiento del centro penitenciario. Sin embargo, a pesar de eso, con esta reforma, no podrá obtener el tercer grado penitenciario hasta que no haya cumplido la mitad de la condena cuando se trate de delitos cometidos contra la libertad sexual de menores de trece años y la pena sea superior a cinco años. Estas palabras del legislador son de las cosas más demenciales que he podido leer. En el año 2003 el periodo de seguridad estaba pensado para terroristas y miembros de organizaciones criminales; en el año 2010, también para delincuentes sexuales. ¿Qué será lo próximo?

* El sistema penitenciario español nunca ha estado bien valorado. ¿Qué se puede hacer para cambiar esa imagen?

Si los ciudadanos, por grupos de 20 ó de 25, pasaran un día en un centro penitenciario estoy convencido de que el 99% cambiaría radicalmente su idea de lo que es la privación de libertad. Después de la vida, el mayor valor que tenemos es la libertad y sentirse privado de ella es algo tremendo.



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